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FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA: COLABORACIÓN EST-IGLE.
 

LA COLABORACIÓN DEL ESTADO CON LA IGLESIA


El artículo 16 de la Constitución de 1978 establece que los poderes públicos «mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». La firma, en enero de 1979, del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español sobre Asuntos Económicos obedece a este precepto. Se trata de un tratado internacional a todos los efectos, constitucional y refrendado por las Cortes españolas en octubre de 1979 con abrumadora mayoría (273 votos a favor en el Congreso y ningún voto en contra en el Senado). El acuerdo establece que «el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa» (art II.1). En función de esto, se globalizó en una única cantidad las distintas ayudas que percibía la Iglesia para su sostenimiento básico y se estableció un periodo de tres años para implantar el sistema de la asignación tributaria. De esta forma, serían los contribuyentes los que decidirían qué se hace con una pequeña parte de los impuestos que pagan. Por distintas razones, la asignación tributaria no se implanta hasta mayo de 1988, es decir, con seis años de retraso. Además, su desarrollo se realiza de manera unilateral por el gobierno del momento, estableciendo un porcentaje claramente insuficiente (el 0,5239%) y una alternativa («otros fines de interés social») que no estaba prevista
en los acuerdos y que desvirtuó el sistema. Aún así, el Acuerdo establecía dos cautelas importantes. En primer lugar, un nuevo periodo transitorio, donde el sistema de asignación fuera sustituyendo progresivamente a la aportación del Estado. Una segunda cautela, muy importante, indicaba que el sistema debía proporcionar a la Iglesia «recursos de cuantía similar», por lo que la dotación a la Iglesia, durante este periodo, debería ser «actualizada anualmente». Este segundo periodo transitorio, de tres años, tendría que haber supuesto que en 1991, se hubiera establecido un sistema basado en la asignación tributaria, que fuera capaz de proporcionar la citada «cuantía similar» acordada y que permitiera la desaparición del complemento presupuestario. No ha sido así. En los 15 años trascurridos se ha dialogado aunque, por muy distintas razones y con distintos gobiernos, no se ha conseguido dar este paso. De hecho, en todos estos años y a pesar de que el coeficiente se demostró insuficiente (no se ha variado el 0,5239%), el complemento ha ido descendiendo, tanto por el incremento de la asignación tributaria como porque la actualización no se ha realizado teniendo en cuenta la inflación real. Únicamente, merece la pena destacar el paso dado en el año 2000 consistente en la separación o compatibilidad entre la asignación a favor de la Iglesia y la asignación a otros fines. Gracias a ello, hoy los contribuyentes pueden optar por marcar ambas opciones, sin que ello suponga una disminución del dinero que asignan a la Iglesia.


¿En qué situación estamos ahora?
Actualmente está vigente una prórroga del sistema por un año. Hay un compromiso por ambas partes de buscar una solución, que, necesariamente en el marco de los acuerdos, pasa por establecer un sistema estable de colaboración del Estado basado en la asignación tributaria y la desaparición del complemento. En todo caso, habrá que tener en cuenta los compromisos previstos en el Acuerdo. A nivel técnico existe buena disposición por ambas partes.

El dinero procedente de la colaboración del Estado con la Iglesia (12 millones de euros al mes) supone una parte pequeña (aunque necesaria) de los recursos de que disponen las Diócesis para su sostenimiento básico. Aunque no hay datos exactos, dado que cada Diócesis mantiene una administración separada, se estima que este sistema puede suponer entre el 25 y el 30% del total de los gastos de mantenimiento de las Diócesis. El resto proviene, fundamentalmente, de la aportación directa de los fieles. No obstante, la dependencia de la asignación tributaria aumenta en las zonas rurales más desfavorecidas de nuestro país.

La aportación de la Iglesia a la sociedad es evidente y justifica plenamente la colaboración de los poderes públicos. La demanda de los ciudadanos de servicios religiosos (más de 7 millones de personas acuden cada domingo a Misa en España, 150.000 parejas se casan en la Iglesia, etc.) justifican por sí solos, la colaboración del Estado. Además, el sostenimiento de la Iglesia le permite a sus instituciones desplegar una importantísima labor social : más de 2.400.000 personas atendidas cada año en centros sociales de la Iglesia (residencias de ancianos, ambulatorios, rehabilitación de toxicómanos, enfermos de sida...). Por ejemplo, sólo teniendo en cuenta las cifras de Caritas, se invierten en acción social 160 millones de euros al año. Pero para que todo esto pueda tener lugar, la Iglesia tiene que poder vivir su fe, anunciarla y expresarla en libertad.En resumen, la asignación tributaria constituye un buen instrumento de colaboración y compromiso con la Iglesia tanto para los creyentes, por razones obvias, como para aquellos que no comulgando con la fe católica entienden, comprenden y valoran la aportación de la Iglesia a la sociedad.

(La Razón, 5 de mayo 2006)




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