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FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA:VERDADES Y MENTIRAS
 


Verdades y mentiras sobre los dineros de la Iglesia española

Autor: Santiago Mata
Fuente: Aceprensa


El 70% de la financiación de la Iglesia procede de los fieles y de su propio patrimonio

Siempre que en España hay tensiones entre la Iglesia católica y el Estado, medios gubernamentales exhiben cifras sobre la "ingente" financiación que el Estado aporta a la Iglesia y piden revisar los acuerdos. La Iglesia, que está abierta a negociar nuevas fórmulas sobre la financiación, advierte que el 70% de sus ingresos vienen de aportaciones de los fieles y de su patrimonio, y que gracias a la labor social de las organizaciones católicas el Estado se ahorra mucho dinero.
El presupuesto de la Conferencia Episcopal más las diócesis fue en 2004 de 943 millones de euros ("ABC", 23-08-2004). El 63,3% de los fondos (unos 600 millones) proceden de donativos de los fieles; el 6,6% corresponde a ingresos por los servicios y rentas del patrimonio de la Iglesia; el 14,1%, a la dotación estatal a través del impuesto sobre la renta más un complemento: 138,6 millones en 2004; si a esto se le suman las subvenciones públicas que, como otras asociaciones, pueden recibir las entidades eclesiásticas, se obtienen otros 132,8 millones aportados por otros organismos. En total, un 30,1% de ingresos proceden de fondos públicos;
Fuentes gubernamentales han asegurado que el Estado da cada año a la Iglesia entre 3.000 y 3.500 millones a la Iglesia. Para llegar siquiera aproximadamente a esas cifras, hay que incluir –incorrectamente– casi 2.400 millones para colegios concertados –dinero al que, por leyes distintas a los acuerdos Iglesia-Estado, tienen derecho los padres que eligen esos colegios y que solo sirven para financiar insuficientemente la enseñanza de sus hijos–; 500 millones de euros para sueldos de profesores de religión, que prestan un servicio reclamado por las familias; además de 181 millones destinados a ONG católicas y a los capellanes de hospitales y cárceles; así como partidas en torno a los 60 millones, derivadas de convenios para la protección del patrimonio cultural de la Iglesia.
Dado que la plaza de un alumno en la escuela pública cuesta más del doble que en la concertada (3.700 euros anuales frente a 1.800), si el Estado se quisiera "ahorrar" los 2.400 millones que "generosamente destina" a educación concertada, tendría que gastarse 4.900 millones... Es decir, tan sólo esta partida, que habitualmente se usa para criticar la financiación de la Iglesia, pero que nada tiene que ver con ella, ahorra al Estado 2.500 millones de euros anuales. Si de lo que se tratara es de suplir la labor de las ONG católicas, el Estado saldría aún peor parado, ya que se financian principalmente con donativos –más de 100 millones de los 160 que Cáritas dedica a acción social– y se nutren de voluntarios. Un ejemplo citado por el vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal es el de las prisiones: 140 capellanes y 2.700 voluntarios acuden diariamente a atender a los reclusos. El Estado destina a esa actividad menos de 600.000 euros: "Con eso ni siquiera se cubren los costes de transporte y materiales".
El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos (1979) establecía un plazo de tres años para que el Estado asignara a la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta. En 1988 –por decisión unilateral del gobierno socialista– se comenzó a aplicar la asignación tributaria de un 0,5239% del impuesto sobre la renta (IRPF) de aquellos contribuyentes que así lo pidieran. El porcentaje de declarantes que marcan la casilla de la Iglesia fue el 34% en 2003. Esta asignación trata de cubrir los gastos del "fondo común diocesano": los de personal de la Conferencia Episcopal y de las diócesis (151 millones de euros en 2004).
A pesar de que, cuando se instauró, este sistema se presentaba como transitorio, y se daba un plazo de tres años para sustituirlo, nada ha cambiado. En el camino hacia la "autofinanciación" de la Iglesia, hay quien propone subir la aportación al 0,8% del IRPF (como en Italia). Pero, según Fernando Giménez Barriocanal, nuevo vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, la subida del coeficiente es solo una de las posibles soluciones, pero no la única ("La Gaceta", 10-12-2005).
En un país donde el anticlericalismo es tan barato, no terminarán las críticas ni con esa ni con otra fórmula. Pero, a modo de comparación, téngase en cuenta que en Alemania se cobra en concepto de impuesto religioso (Kirchensteuer) entre el 8 y el 9% de los ingresos. En Dinamarca es el 1% del IRPF, en Suecia el 1,25%, en Suiza las administraciones pagan a la Iglesia el 2% de lo que recaudan. En Austria, por imposición de Hitler (que los socialdemócratas no han querido cambiar), el Estado no paga a la Iglesia, y es ésta la que organiza el cobro de un donativo (Kirchenbeitrag) por valor del 1,1% del IRPF.





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