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ABUSO DE MENORES: GUÍA EN CASO DE ABUSO SEXUAL

Líneas guías en caso de abuso sexual

CARTA CIRCULAR SOBRE LAS LINEAS GUIA EN CASO DE ABUSO SEXUAL

CIUDAD DEL VATICANO, 16 MAY 2011 (VIS).-
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha hecho pública hoy la Carta Circular dirigida a las Conferencias Episcopales sobre las Líneas Guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero.

El documento, firmado por el cardenal William J. Levada y el arzobispo Luis F. Ladaria, S.I., respectivamente prefecto y secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, está fechado el 3 de mayo de 2011.

"Entre las importantes responsabilidades del Obispo diocesano para asegurar el bien común de los fieles y, especialmente, la protección de los niños y de los jóvenes, está el deber de dar una respuesta adecuada a los eventuales casos de abuso sexual de menores cometidos en su diócesis por parte del clero. Dicha respuesta conlleva instituir procedimientos adecuados tanto para asistir a las víctimas de tales abusos como para la formación de la comunidad eclesial en vista de la protección de los menores. En ella se deberá implementar la aplicación del derecho canónico en la materia y, al mismo tiempo, se deberán tener en cuenta las disposiciones de las leyes civiles.

I. Aspectos generales

a) Las víctimas del abuso sexual

La Iglesia, en la persona del Obispo o de un delegado suyo, debe estar dispuesta a escuchar a las víctimas y a sus familiares y a esforzarse en asistirles espiritual y psicológicamente. El Santo Padre Benedicto XVI, en el curso de sus viajes apostólicos, ha sido particularmente ejemplar con su disponibilidad a encontrarse y a escuchar a las víctimas de abusos sexuales. En ocasión de estos encuentros, el Santo Padre ha querido dirigirse a ellas con palabras de compasión y de apoyo, como en la Carta Pastoral a los católicos de Irlanda (n.6): "Habéis sufrido inmensamente y me apesadumbra tanto. Sé que nada puede borrar el mal que habéis soportado. Vuestra confianza ha sido traicionada y violada vuestra dignidad".

b) La protección de los menores

En algunas naciones se han comenzado, en el ámbito eclesial, programas educativos de prevención para propiciar "ambientes seguros" para los menores. Tales programas buscan ayudar a los padres, a los agentes de pastoral y a los empleados escolares a reconocer indicios de abuso sexual y a adoptar medidas adecuadas. Estos programas a menudo han sido reconocidos como modelos en el esfuerzo por eliminar los casos de abuso sexual de menores en la sociedad actual.

c) La formación de futuros sacerdotes y religiosos

En el año 2002, Juan Pablo II dijo: "no hay sitio en el sacerdocio o en la vida religiosa para los que dañen a los jóvenes" (cf. Discurso a los Cardenales Americanos, 23 de abril de 2002, n. 3). Estas palabras evocan la específica responsabilidad de los Obispos, de los Superiores Mayores y de aquellos que son responsables de la formación de los futuros sacerdotes y religiosos. Las indicaciones que aporta la Exhortación Pastores Dabo Vobis, así como las instrucciones de los competentes Dicasterios de la Santa Sede, adquieren todavía mayor importancia en vista de un correcto discernimiento vocacional y de la formación humana y espiritual de los candidatos. En particular, debe buscarse que éstos aprecien la castidad, el celibato y las responsabilidades del clérigo relativas a la paternidad espiritual. En la formación debe asegurarse que los candidatos aprecien y conozcan la disciplina de la Iglesia sobre el tema. Otras indicaciones específicas podrán ser añadidas en los planes formativos de los Seminarios y casas de formación por medio de las respectivas Ratio Institutionis sacerdotalis de cada nación, Instituto de Vida consagrada o Sociedad de Vida apostólica.

Se debe dar particular atención al necesario intercambio de información sobre los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa que se trasladan de un seminario a otro, de una Diócesis a otra, o de un Instituto religioso a una Diócesis.

d) El acompañamiento a los sacerdotes

1. El Obispo tiene obligación de tratar a sus sacerdotes como padre y hermano. Debe cuidar también con especial atención la formación permanente del clero, particularmente en los primeros años después de la ordenación, valorizando la importancia de la oración y de la fraternidad sacerdotal. Los presbíteros deben ser advertidos del daño causado por un sacerdote a una víctima de abuso sexual, de su responsabilidad ante la normativa canónica y la civil y de los posibles indicios para reconocer posibles abusos sexuales de menores cometidos por cualquier persona.

2. Al recibir las denuncias de posibles casos de abuso sexual de menores, los Obispos deberán asegurar que sean tratados según la disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas las partes.

3. El sacerdote acusado goza de la presunción de inocencia, hasta prueba contraria. No obstante, el Obispo en cualquier momento puede limitar de modo cautelar el ejercicio de su ministerio, en espera que las acusaciones sean clarificadas. Si fuera el caso, se hará todo lo necesario para restablecer la buena fama del sacerdote que haya sido acusado injustamente.

e) La cooperación con la autoridad civil:

El abuso sexual de menores no es sólo un delito canónico, sino también un crimen perseguido por la autoridad civil. Si bien las relaciones con la autoridad civil difieran en los diversos países, es importante cooperar en el ámbito de las respectivas competencias. En particular, sin prejuicio del foro interno o sacramental, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades. Naturalmente, esta colaboración no se refiere sólo a los casos de abuso sexual cometido por clérigos, sino también a aquellos casos de abuso en los que estuviera implicado el personal religioso o laico que coopera en las estructuras eclesiásticas.

II. Breve exposición de la legislación canónica en vigor con relación al delito de abuso sexual de menores cometido por un clérigo:

El 30 de abril de 2001 Juan Pablo II promulgó el motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], en el que el abuso sexual de un menor de 18 años cometido por un clérigo ha sido añadido al elenco de los delicta graviora reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). La prescripción para este delito se estableció en 10 años a partir del cumplimiento del 18 año de edad de la víctima. La normativa del motu propio es válida para clérigos latinos y orientales, ya sean del clero diocesano, ya del clero religioso.

En el 2003, el entonces Prefecto de la CDF, el Cardenal Ratzinger, obtuvo de Juan Pablo II la concesión de algunas prerrogativas especiales para ofrecer mayor flexibilidad en los procedimientos penales para los delicta graviora, entre las cuales, la aplicación del proceso penal administrativo y la petición de la dimisión ex officio en los caos más graves. Estas prerrogativas fueron integradas en la revisión del motu proprio aprobada por el Santo Padre Benedicto XVI el 21 de mayo de 2010. En las nuevas normas, la prescripción es de 20 años, que en el caso de abuso de menores se calcula desde el momento en el que la víctima haya cumplido los 18 años de edad. La CDF puede eventualmente derogar la prescripción para casos particulares. Asimismo, queda especificado como delito canónico la adquisición, posesión o divulgación de material pedo-pornográfico.

La responsabilidad para tratar los casos de abuso sexual de menores compete en primer lugar a los Obispos o a los Superiores Mayores. Si la acusación es verosímil, el Obispo, el Superior Mayor o un delegado suyo deben iniciar una investigación previa como indica el CIC, can. 1717; el CCEO, can. 1468 y el Sst, art. 16.

Si la acusación se considera verosímil, el caso debe ser enviado a la CDF. Una vez estudiado el caso, la CDF indicará al Obispo o al Superior Mayor los ulteriores pasos a cumplir. Mientras tanto, la CDF ayudará a que sean tomadas las medidas apropiadas para garantízar los procedimientos justos en relación con los sacerdotes acusados, respetando su derecho fundamental de defensa, y para que sea tutelado el bien de la Iglesia, incluido el bien de las víctimas. Es útil recordar que normalmente la imposición de una pena perpetúa, como la dimissio del estado clerical, requiere un proceso judicial. Según el Derecho Canónico (cf. CIC can. 1342) el Ordinario propio no puede decretar penas perpetuas por medio de un decreto extrajudicial. Para ello debe dirigirse a la CDF, a la cual corresponderá en este caso tanto el juicio definitivo sobre la culpabilidad y la eventual idoneidad del clérigo para el ministerio como la imposición de la pena perpetua (Sst, Art. 21, '2).

Las medidas canónicas para un sacerdote que es encontrado culpable del abuso sexual de un menor son generalmente de dos tipos:
1) Medidas que restringen el ejercicio público del ministerio de modo completo o al menos excluyendo el contacto con menores. Tales medidas pueden ser declaradas por un precepto penal;
2) penas eclesiásticas, siendo la más grave la dimissio del estado clerical.

En algunos casos, cuándo lo pide el mismo sacerdote, puede concederse pro bono Ecclesiae la dispensa de las obligaciones inherentes al estado clerical, incluido el celibato.

La investigación previa y todo el proceso deben realizarse con el debido respeto a la confidencialidad de las personas implicadas y la debida atención a su reputación.
A no ser que haya graves razones en contra, antes de transmitir el caso a la CDF el clérigo acusado debe ser informado de la acusación presentada, para darle la oportunidad de responder a ella. La prudencia del Obispo o del Superior Mayor decidirá cuál será la información que se podrá comunicar al acusado durante la investigación previa.

Es deber del Obispo o del Superior Mayor determinar cuáles medidas cautelares de las previstas en el CIC can. 1722 y en el CCEO can. 1473 deben ser impuestas para salvaguardar el bien común. Según el Sst art. 19, tales medidas pueden ser impuestas una vez iniciada la investigación preliminar.

Asimismo, se recuerda que si una Conferencia Episcopal, con la aprobación de la Santa Sede, quisiera establecer normas específicas, tal normativa deberá ser entendida como complemento a la legislación universal y no como sustitución de ésta. Por tanto, la normativa particular debe estar en armonía con el CIC / CCEO y además con el motu proprio Sacramento¬rum sanctitatis tutela (30 de abril de 2001) con la actualización del 21 de mayo de 2010. En el supuesto de que la Conferencia Episcopal decidiese establecer normas vinculantes será necesario pedir la recognitio a los competentes Dicasterios de la Curia Romana.

III. Indicaciones a los Ordinarios sobre el modo de proceder:

Las Líneas Guía preparadas por la Conferencia Episcopal deberán ofrecer orientaciones a los Obispos diocesanos y a los Superiores Mayores en caso de que reciban la noticia de presuntos abusos sexuales de menores cometidos por clérigos presentes en el territorio de su jurisdicción. Dichas Líneas Guía deberán tener en cuenta las siguientes observaciones:

a.) El concepto de abuso sexual de menores debe coincidir con la definición del Motu Propio Sst art. 6 ("el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de dieciocho años"), así como con la praxis interpretativa y la jurisprudencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, teniendo en cuenta la leyes civiles del Estado;

b.) la persona que denuncia debe ser tratada con respeto. En los casos en los que el abuso sexual esté relacionado con un delito contra la dignidad del sacramento de la Penitencia (Sst, art.4), el denunciante tiene el derecho de exigir que su nombre no sea comunicado al sacerdote denunciado (Sst, art. 24);

c.) las autoridades eclesiásticas deben esforzarse para poder ofrecer a las víctimas asistencia espiritual y psicológica;

d.) la investigación sobre las acusaciones debe ser realizada con el debido respeto del principio de la confidencialidad y la buena fama de las personas;

e.) a no ser que haya graves razones en contra, ya desde la fase de la investigación previa, el clérigo acusado debe ser informado de las acusaciones, dándole la oportunidad de responder a las mismas;

f.) los organismos de consulta para la vigilancia y el discernimiento de los casos particulares previstos en algunos lugares no deben sustituir el discernimiento y la potestas regiminis de cada Obispo;

g.) las Líneas Guía deben tener en cuenta la legislación del Estado en el que la Conferencia Episcopal se encuentra, en particular en lo que se refiere a la eventual obligación de dar aviso a las autoridades civiles;

h.) en cualquier momento del procedimiento disciplinar o penal se debe asegurar al clérigo acusado una justa y digna sustentación;

i.) se debe excluir la readmisión de un clérigo al ejercicio público de su ministerio si éste puede suponer un peligro para los menores o existe riesgo de escándalo para la comunidad.

Conclusión

Las Líneas Guía preparadas por las Conferencias Episcopales buscan proteger a los menores y ayudar a las víctimas a encontrar apoyo y reconciliación. Deberán también indicar que la responsabilidad para tratar los casos de delitos de abuso sexual de menores por parte de clérigos, corresponde en primer lugar al Obispo Diocesano. Ellas servirán para dar unidad a la praxis de una misma Conferencia Episcopal ayudando a armonizar mejor los esfuerzos de cada Obispo para proteger a los menores.

Vea también:
Web del Vaticano sobre el tema de los abusos contra menores: - Abuso contra menores. La respuesta de la Iglesia
- Abusos a menores en instituciones de la Iglesia
- Abusos sexuales del clero: ¿Qué dice la Iglesia?
- Abusos de menores: la Iglesia contra los...
- Abusos de menores: la Iglesia no los encubre
- Delitos de clero: Hay que informar al Vaticano
- Pederastia: ángeles rotos
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- LA TUTELA DE LA SANTIDAD DE LOS SACRAMENTOS
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- Pedofilia




Nota sobre la carta circular

NOTA SOBRE LA CARTA CIRCULAR DE LA CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE

CIUDAD DEL VATICANO, 16 MAY 2011 (VIS).-
Ofrecemos la nota del director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, S.I., que presenta la Carta circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe a las Conferencias Episcopales sobre las Líneas guía para los casos de abuso sexual de menores por parte del clero.
"La Congregación para la Doctrina de la Fe pide a todas las Conferencias Episcopales del mundo que preparen para mayo de 2012 "Líneas guía" para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte de miembros del clero, de manera apropiada a las situaciones específicas en las diferentes regiones del mundo.

Con una "Carta circular", la Congregación ofrece una amplia serie de principios e indicaciones, que no sólo facilitarán la formulación de Líneas guía y, por tanto, la uniformidad de la conducta de las autoridades eclesiásticas en las diferentes naciones, sino que también garantizarán la coherencia en el nivel de Iglesia universal, aun respetando las competencias de los obispos y de los superiores religiosos.

La atención prioritaria a las víctimas, los programas de prevención, la formación de los seminaristas y la formación permanente del clero, la cooperación con las autoridades civiles, la aplicación atenta y rigurosa de la normativa canónica más actualizada en esta materia son las orientaciones principales que deben constituir las Directrices en todo el mundo.

* * *

En días pasados, la Congregación para la Doctrina de la Fe envió a todas las Conferencias Episcopales una "Carta circular para ayudar a las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero".

La preparación del documento fue anunciada en el pasado mes de julio, con ocasión de la publicación de las nuevas normas de actuación del Motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" (cfr. Nota P.F.Lombardi, en OR, 16.7.2010, 1, e www.vatican.va, Abusos contra menores. La respuesta de la Iglesia).

El cardenal Levada, Prefecto del dicasterio, había después informado sobre la preparación con ocasión de la reunión de cardenales durante el Consistorio del pasado mes de noviembre (Cfr. Comunicado de la Oficina de Prensa sobre la Sesión de la tarde, 19.11.2010).

El documento está acompañado de una Carta de presentación, firmada por el Card. Levada, que explica la naturaleza y los objetivos.

Como consecuencia de la actualización de las normas sobre la cuestión de los abusos sexuales por parte de miembros del clero, aprobada por el Papa el pasado año, se considera Aoportuno que cada Conferencia Episcopal prepare unas Líneas guía, con el fin de "ayudar a los Obispos a seguir procedimientos claros y coordinados cuando se tienen que tratar los casos de abusos sexuales contra menores", teniendo en cuenta las situaciones concretas de las diversas regiones en las que se ejercitan las jurisdicciones de los distintos episcopados.

Con este fin, la Carta circular Apresenta algunos temas generales, que necesariamente deben ser adaptados a las distintas realidades, pero que contribuirán a garantizar precisamente gracias a las Líneas guía- una orientación común dentro de una Conferencia episcopal, y en cierta medida, también por parte de distintos episcopados.

En relación al trabajo que se debe realizar para la redacción de las nuevas Líneas guía o para la revisión de las ya existentes, la carta de presentación del Card. Levada da dos indicaciones operativas: en primer lugar, implicar a los Superiores Mayores de los institutos religiosos clericales (para que se tenga en cuenta no solo al clero diocesano, sino también al religioso), y después, enviar copia de las Líneas guía a la Congregación Aantes de fines del mes de mayo del 2012.

En conclusión, aparecen claramente dos preocupaciones:

1. Animar a afrontar a tiempo y eficazmente el problema con indicaciones claras, orgánicas, adaptadas a las situaciones locales, que comprenden también las relaciones con las normas y las autoridades civiles. Las indicaciones de una fecha precisa y de un término relativamente breve para elaborar las Líneas guía por parte de todas las Conferencias Episcopales es, evidentemente, una indicación muy fuerte y elocuente.

2. Respetar la competencia fundamental de los Obispos diocesanos (y de los Superiores mayores religiosos) en la materia (la formulación de la Circular presta mucha atención a subrayar este aspecto: Las Líneas guía sirven para "ayudar a los Obispos diocesanos y los Superiores mayores").

La carta circular en sí es breve, pero muy densa, y se divide en tres partes.

La primera parte desarrolla una serie de indicaciones generales, incluyendo, en particular:
La atención prioritaria a las víctimas de abuso sexual: la escucha y la asistencia espiritual y psicológica a las víctimas y a los familiares.

El desarrollo de programas de prevención para crear ambientes verdaderamente seguros para los menores.

La formación de los futuros sacerdotes y religiosos y el intercambio de información sobre los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa que se trasladan.

El acompañamiento de los sacerdotes, su formación permanente y la formación a su responsabilidad en el ámbito de los abusos, la manera de seguirlos cuando se les acusa, de tratar según el derecho los eventuales casos de abuso, la rehabilitación de la reputación de quien haya sido acusado injustamente.

La cooperación con las autoridades civiles en el ámbito de sus respectivas competencias y el cumplimiento de "las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades, sin prejuicio del foro interno o sacramental". La cooperación debería aplicarse no sólo en los casos de abusos por parte del clero, sino también del personal que trabaje en estructuras eclesiásticas.

La segunda parte recuerda las prescripciones actualmente vigentes de la legislación canónica tras la actualización de 2010.

Se recuerda la competencia de los obispos y superiores mayores para la investigación preliminar y, en caso de acusaciones creíbles, la obligación de remitir el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ofrece las indicaciones para el seguimiento del caso.

Se habla de las medidas cautelares que hay que imponer y de la información que debe darse al acusado durante la investigación preliminar.

Se recuerdan las medidas canónicas y las penas eclesiásticas que se pueden aplicar a los culpables, incluida la dimisión del estado clerical.

Por último, se especifica la relación entre la legislación canónica válida para toda la Iglesia y las eventuales normas específicas particulares adicionales que las Conferencias Episcopales consideren apropiadas o necesarias, y el procedimiento que debe seguirse en estos casos.

La tercera y última parte enumera una serie de observaciones útiles para formular las orientaciones operativas concretas para los Obispos y Superiores mayores.

Entre otras cosas, subraya la necesidad de ofrecer asistencia a las víctimas; de tratar con respeto al denunciante y asegurar la privacidad y la reputación de las personas; de tener debidamente en cuenta las leyes civiles del país, incluyendo la eventual obligación de avisar a las autoridades civiles; de garantizar al acusado información sobre las acusaciones y posibilidades de responder, y, en todo caso un mantenimiento justo y digno; de excluir el regreso del clérigo al ministerio público, en caso de peligro para los menores o de escándalo para la comunidad. Una vez más, se reitera la responsabilidad primordial de los obispos y superiores mayores, que no puede ser sustituida por órganos de control o discernimiento, a pesar de ser útiles o necesarios para sostener esta responsabilidad.

La circular es, por tanto, un paso muy importante para promover en toda la Iglesia la conciencia de la necesidad y de la urgencia de responder de manera más eficaz y con visión de futuro al flagelo de los abusos sexuales por parte de miembros del clero, renovando así la plena credibilidad del testimonio y de la misión educativa de la Iglesia, y contribuyendo a crear en la sociedad en general aquellos ambientes educativos seguros de los que existe una necesidad urgente.




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