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ABUSOS SEXUALES DEL CLERO: ¿QUÉ DICE LA IGLESIA?

GUIA SOBRE PROCEDIMIENTO EN CASOS DE ABUSO SEXUAL

GUÍA SOBRE PROCEDIMIENTO EN CASOS DE ABUSOS SEXUALES

CIUDAD DEL VATICANO, 12 ABR 2010.-

Hoy se ha publicado en la página web del Vaticano, (vea: Página del Vaticano: Abusos contra menores. La respuesta de la Iglesia ) en la sección "Focus", una guía para entender los procedimientos llevados a cabo por la Congregación para la Doctrina de la Fe en los supuestos casos de abusos sexuales de menores.

La legislación aplicable es el Motu Proprio "Sacramentorum Sanctitatis tutela" (MP SST) de 30 de abril de 2001, junto con el Código de Derecho Canónico de 1983. Esta es una guía introductoria que puede ser útil a los laicos y no canonistas.

R: Procedimiento Previo
La diócesis local investiga todas las denuncias de abuso sexual de un menor por parte de un clérigo.
Si la acusación es plausible, el caso se remite a la CDF. El obispo local transmite toda la información necesaria a la CDF y expresa su opinión sobre los procedimientos que hay que seguir y las medidas que se adoptarán a corto y a largo plazo.
Debe seguirse siempre el derecho civil en materia de información de los delitos a las autoridades competentes.
Durante la etapa preliminar y hasta que el caso se concluya, el obispo puede imponer medidas cautelares para salvaguardar a la comunidad, incluyendo a las víctimas. De hecho, el obispo local siempre tiene el poder de proteger a los niños mediante la restricción de las actividades de cualquier sacerdote de su diócesis. Esto forma parte de su autoridad ordinaria, que le lleva a ejercer cualquier medida necesaria para asegurar que no se haga daño a los niños y este poder puede ser ejercido a discreción del obispo antes, durante y después de cualquier procedimiento canónico.

B: Procedimientos autorizados por la CDF
La CDF estudia el caso presentado por el obispo local y también pide información complementaria cuando sea necesario.
La CDF tiene una serie de opciones:

B1 Procesos Penales
La CDF podrá autorizar al obispo local para llevar a cabo un proceso penal judicial ante un tribunal local de la Iglesia. Todo recurso en estos casos ese sometería a un tribunal de la CDF.
La CDF podrá autorizar al obispo local para llevar a cabo un proceso penal administrativo ante un delegado del obispo local con la asistencia de dos asesores. El sacerdote acusado está llamado a responder a las acusaciones y a revisar las pruebas. El acusado tiene derecho a presentar recurso a la CDF contra el decreto que lo condene a una pena canónica. La decisión de los cardenales miembros de la CDF es definitiva.
En caso de que el clérigo sea juzgado culpable, tanto los procesos penales judiciales como administrativos pueden condenarlo a una serie de penas canónicas, la más grave de las cuales es la expulsión del estado clerical. La cuestión de los daños también se puede tratar directamente durante estos procedimientos.

B2 Casos referidos directamente al Santo Padre
En casos muy graves en que el juicio penal civil haya declarado culpable al clérigo de abuso sexual de menores de edad o cuando las pruebas son abrumadoras, la CDF puede optar por llevar el caso directamente al Santo Padre con la petición de que el Papa promulgue con un decreto "ex officio" la expulsión del estado clerical. No hay remedio canónico en contra de tal decisión pontificia.
La CDF también presenta al Santo Padre solicitudes por los sacerdotes acusados que, habiendo reconocido sus delitos, piden la dispensa de la obligación del sacerdocio y desean volver al estado laical. El Santo Padre concede estas peticiones por el bien de la Iglesia ("pro bono Ecclesiae").

B3 Medidas disciplinarias
En los casos en que el sacerdote acusado haya admitido sus delitos y aceptado vivir una vida de oración y penitencia, la CDF autoriza al obispo local a emitir un decreto que prohíba o restrinja el ministerio público de dicho sacerdote. Dichos decretos se imponen a través de un precepto penal que implica una pena canónica en caso de violación de las condiciones del decreto, sin excluir la expulsión del estado clerical. El recurso administrativo ante la CDF es posible con tales decretos. La decisión de la CDF es definitiva.

C. Revisión del MP SST
Desde hace algún tiempo la CDF ha emprendido una revisión de algunos de los artículos del Motu Proprio "Sacramentorum Sanctitatis tutela", con el fin de actualizar dicho Motu Proprio de 2001 a la luz de las facultades especiales concedidas a la CDF por los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Las modificaciones propuestas bajo discusión no cambiarán los procedimientos antes mencionados (A, B1-B3).




Respecto a los abusos sexuales del clero

Cardenal Darío Castrillón Hoyos,
prefecto de la Congregación para el Clero

Respecto a los abusos sexuales del clero

Respecto al problema de los abusos sexuales y casos de pederastia, me permito dar una sola y única respuesta.

En el clima de pansexualismo y libertinaje sexual que se ha creado en el mundo, algunos sacerdotes, también hombres de esta cultura, han cometido el delito gravísimo de abuso sexual.

Quisiera hacer dos observaciones:

1.- No hay todavía una estadística comparativa minuciosa respecto a otras profesiones, médicos, psiquiatras, psicólogos, educadores, deportistas, periodistas, políticos y otras categorías comunes, incluidos padres y parientes. Por lo que sabemos, de un estudio -entre otros- publicado en el libro del profesor Philip Jenkins, de la Pensilvania State University, resulta que alrededor del 3 por ciento del clero americano tendría tendencias al abuso de menores y que el 0,3 por ciento del clero mismo sería pederasta.

2.- En el momento en que la moral sexual cristiana y la ética sexual civil han sufrido una notable relajación en todo el mundo, paradójica pero también afortunadamente, se ha producido en no pocos países, un sentimiento de rechazo y una sensibilidad coyuntural con respecto a la pederastia, con repercusiones penales y económicas por resarcimiento de daños.

¿Cual es la actitud de la Iglesia Católica?

La Iglesia ha defendido siempre la moral pública y el bien común y ha intervenido en defensa de la santidad de vida de los sacerdotes, estableciendo con sus penas canónicas sanciones para estos delitos.

La Iglesia no ha dejado nunca de lado el problema de los abusos sexuales, sobre todo por parte de los ministros sagrados, no solo para con los fieles en general, sino especialmente para con los menores, con quienes es prioritaria la tarea de educar en la fe y en el proyecto moral cristiano (cf. la historia de las Congregaciones dedicadas a la educación y a la promoción humana).

Ya en el Código de Derecho Canónico de 1917, el canon 2359, párrafo 2 decía: "Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum... suspendatur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur".

En el Código reformado de 1983 hay una referencia precisa a nuestro problema en el canon 1395, párrafo 2 ("El clérigo que haya cometido otros delitos contra el sexto precepto del Decálogo, si en realidad el delito se ha cometido (...) con un menor de menos de 16 años, sea castigado con penas justas, sin excluir la dimisión del estado clerical, cuando el caso lo requiera") y en el C.C.E.O. de 1990 en el canon 1435, párrafo 1.

Más recientemente el Santo Padre Juan Pablo II ha deplorado la gravedad de estos comportamientos llamando firmemente a los obispos y a los sacerdotes a la vigilancia en el compromiso de ejemplo moral, tanto escribiendo y hablando a los obispos de Estados Unidos de América, como en la Exhortación Apostólica "Ecclesia in Oceania" donde declara: "En algunas partes de Oceanía, los abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos han sido causa de grandes sufrimientos y de daño espiritual para las víctimas. También ha sido un grave daño para la vida de la Iglesia y se ha convertido en un obstáculo para el anuncio del Evangelio. Los Padres del Sínodo han condenado cualquier género de abusos sexuales como también cualquier forma de abuso de poder, tanto en el interior de la Iglesia como en la sociedad en general. El abuso sexual dentro de Iglesia representa una profunda contradicción a la enseñanza y al testimonio de Jesucristo. Los Padres sinodales han manifestado sus excusas incondicionales a las víctimas por el dolor y la desilusión provocados. La Iglesia en Oceanía está buscando los procedimientos adecuados para responder a las quejas en este ámbito y está comprometida de forma inequivocable en la cura compasiva y eficaz de las víctimas, sus familiares, la comunidad entera y los mismos culpables".

El Santo Padre ha publicado el 30 de abril del 2001 la carta apostólica "Sacramentorum sanctitatis tutela" con las "Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis" donde se reserva a la Congregación para la Doctrina de la Fe la competencia sobre una serie de delitos graves contra la santidad de los sacramentos y contra la misión educativa específica de los ministros sagrados con respecto a los jóvenes, entre ellos la pederastia.

La Congregación para la Doctrina de la Fe, asumiendo esta competencia especial ha enviado una carta a los obispos de todo el mundo y les acompaña en la toma de responsabilidad ante hechos tan graves, tanto para evitar el riesgo de un descuido, como para una mayor coordinación entre las iglesias locales y el centro de gobierno de la Iglesia universal, con el fin de obtener una actitud homogénea por parte de las iglesias locales aun respetando la diversidad de las situaciones y de las personas.

Con las antiguas normas se podía hablar de pederastia si un clérigo tenía un comportamiento delictuoso de este tipo con un menor de menos de 16 años.

Ahora, este límite de edad se ha elevado a 18 años. Además, para este tipo de delito se ha prolongado la prescripción a diez años y se ha establecido que funcione a partir del cumplimiento de los 18 años de la victima, prescindiendo de cuando haya padecido el abuso.

En la normativa existe también un elemento, digámoslo así, de garantía. Sirve para alejar los peligros que venza la cultura de la sospecha. Se prevé un proceso verdadero, regular, para individuar los hechos, para
confirmar las pruebas de la culpabilidad ante un tribunal. Ciertamente, se insiste en la rapidez del proceso. Pero se insiste también en las investigaciones previas que permiten tomar medidas cautelares que impiden
al individuo del que se sospecha que produzca daños ulteriores.

Las medidas y los procesos deben garantizar la preservación de la santidad de la Iglesia, el bien común y los derechos de las víctimas y de los culpables.

Las leyes de la Iglesia son serias y severas y son concebidas dentro de la tradición, ya apostólica, de tratar las cosas internas desde dentro, lo cual no significa en el orden público externo substraerse a cualquier
ordenamiento civil vigente en los diversos países, exceptuando siempre el caso del sigilo sacramental o el secreto vinculado al ejercicio del ministerio episcopal y al bien común pastoral.

Comunicacdo oficial de la Oficina de Información del Vaticano (Vatican Information Service)
21 de marzo 2002

Vea también:
- Delitos de clero: Hay que informar al Vaticano
- Pederastia: Ángeles rotos
- Abusos de menores: la Iglesia no los encubre
- Abusos sexuales en instituciones de la Iglesia
- Abusos sexuales del clero: ¿Qué dice la Iglesia?
- Delitos de clero: Hay que informar al Vaticano
- Temas de actualidad




Delitos de clero: Hay que informar al Vaticano | Profesores de religión

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