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FIESTAS PATRONALES: CRITERIOS DIOCESANOS
 

CRITERIOS DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS SOBRE FIESTAS PATRONALES

La necesidad de actualizar documentos importantes que este Obispado ha publicado, en relación a otras instituciones tanto públicas como privadas o personas particulares, y que en su contenido siguen vigentes, hace necesario recordar los criterios extraídos de los actuales acuerdos iglesia-Estado Español, Constitución Española, Código de Derecho Canónico, Sínodo Diocesano, ... que la Diócesis de Canarias tiene establecidos con respecto a: actos religiosos, adquisición de imágenes, fiestas patronales o de pueblos y barrios, ... y que fueron aprobados el 3 de Diciembre de 1986.

1.- Corresponde exclusivamente a la Parroquia y, en concreto, al Párroco y a su Consejo Pastoral, la organización de los actos religiosos (Eucaristía, Novenas, Triduos, Procesiones, ...) de las fiestas patronales.

2.- Esta organización, en lo que a actos religiosos, procesiones y similares se refiere, conlleva determinar los horarios, e! recorrido, las imágenes que se veneren, la ornamen tación de las mismas, los encargados de portarlas, los cantos, las bandas de música que puedan acompañar, etc...

3.- Como ya se indicó en su momento, se mantienen las procesiones y actos que tradicionalmente se han venido celebrando, sin introducir nuevas procesiones, o modificaciones de las tradicionales, sin el expreso permiso por escrito del Vicario Episcopal correspondiente, o, en su defecto, de los Vicarios Generales o del propio Sr. Obispo. Los arciprestes de la zona deberán velar por el cumplimiento de este criterio.

A fin de que estas celebraciones se aproximen cada día más a unas auténticas manifestaciones de fe de la Comunidad Cristiana, las parroquias prepararán debidamente tales actos, de modo que se garantice en los mismos el clima religioso que ha de caracterizarlas.

4.- En cuanto a la compra de imágenes que requieran culto público, compete a la Iglesia. Se deberá hacer siempre con el Visto Bueno del Párroco y Consejo Parroquial, que además, pedirá la autorización del Vicario correspondiente, previa presentación de expediente y con el informe de la Comisión de Arte Sacro, buscándose siempre la conveniencia de esa imagen, el lugar donde será venerada, y la nobleza del material escogido para su fabricación.

5.- De acuerdo con la Vigente Constitución Española, y aunque se aconseje todo diálogo constructivo entre los Ayuntamientos, Asociaciones de Vecinos u otras entidades locales y la Parroquia, a efectos de concordar horarios y conseguir un mayor decoro religioso en la celebración de procesiones, la Diócesis de Canarias establece la total independencia de nuestras Parroquias en la organización de dichas procesiones o de cualesquiera otros actos religiosos en las fiestas patronales o similares. Cualquier presión o interferencia respecto a esta norma por parte de Ayuntamientos, Asociaciones de Vecinos, o entidades locales de cualquier tipo, públicas o privadas, será denunciada a la autoridad competente o por vía judicial. En todo caso, y de darse estas circunstancias que el propio Obispado juzgará en cuanto a su gravedad, ya desde ahora se advierte a las instituciones que puedan causar los incidentes y a nuestros propios fieles, que los actos religiosos quedarán suspendidos para el año siguiente, siendo sustituidos por estrictas celebraciones litúrgicas que tendrán lugar exclusivamente en el interior del templo o de la ermita, según decida e! propio Párroco con su Consejo Pastora! y con e! Vo B° del Vicario Episcopal correspondiente.
Las Parroquias no suprimirán procesiones ni introducirán otras nuevas sin la preceptiva autorización del Vicario Episcopal correspondiente o, en su defecto, de un Vicario General o del propio Sr. Obispo. Esta autorización se dará siempre por escrito. Cualquier modificación o permiso nuevo deberá presentarse al menos con tres meses de antelación para ser estudiado con serenidad, y sin que previamente esté ya anunciada su realización.

6.- Debe quedar claro que al tomar esta decisión, el Obispado de la Diócesis de Canarias, lo único que desea es evitar toda manipulación política o populista de estos actos religiosos, purificar la Religiosidad Popular", ser fieles a los principios de la vigente Constitución Española en la que se establece la independencia de la Iglesia y el Estado, y defender el derecho constitucional de la Comunidad Cristiana a expresar pública y libremente sus creencias religiosas sin interferencias ni intromisiones de ningún tipo.

7.- Igualmente es preciso que todas las instituciones no eclesiales y personas privadas sepan que nuestra Diócesis, en comunión con toda la Iglesia, no permitirá que en su nombre y amparándose en lo que representa la fe católica, se tomen iniciativas en lo que se refiere a la construcción de templos o ermitas, o a la celebración de actos religiosos, sin la necesaria y preceptiva autorización de las legítimas autoridades eclesiásticas.

8.- Estos criterios no significan en modo alguno que !a Iglesia no valore la positiva labor social que realizan o puedan realizar ¡as Asociaciones de Vecinos. Por el contrario, las tiene en gran estima y considera que pueden ser un gran instrumento de desarrollo comunitario en pueblos y barrios, siempre que se dediquen a la obtención de los objetivos que les son propios en favor de la justicia social, en la obtención de una convivencia más solidaria de los vecinos y en una elevación cultural auténtica de los mismos. Por esta razón la Iglesia siempre apoyará sus objetivos específicos cuando son justos y socialmente beneficiosos, y recomendará a los fieles que se comprometan motivados por su fe y por su amor cristiano, si lo creen oportuno, incorporándose a dichas Asociaciones o colaborando en sus actividades que redundan en bien de los vecinos y, en especial, de los más pobres.

A efectos pastorales, dispongo que estos criterios se recuerden antes de cualquier fiesta patronal, bien leyéndolos a los fieles, bien exponiédolos en un lugar visible de nuestros templos; y que se envien a todas las Asociaciones de Vecinos, Ayuntamientos u otro tipo de instituciones públicas o privadas, así como a personas concretas a las que pueda interesar.

La no observancia de estos criterios dará lugar a las acciones jurídicas correspondientes y, en todo caso, a las penas canónicas establecidas en el Código de Derecho Canónico vigente en nuestra Iglesia, penas que serán hechas públicas para bien de nuestra Comunidad Cristiana.


Ramón Echarren Ystúriz
Obispo de Canarias




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