Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Cáritas Diocesana de Canarias ha visibilizado y denunciado la situación de desigualdad y ausencia de derechos que afecta a este sector esencial en la sociedad. A pesar de ser estas trabajadoras quienes sostienen la vida y los cuidados de muchas familias, esta profesión permanece invisibilizada, poco valorada y marcada por condiciones irregulares o de abuso. Una vulnerabilidad que se agrava en las personas migrantes.
Cáritas Diocesana de Canarias, que cuenta con un servicio de Orientación e Intermediación Laboral específico, denunció esta realidad con un acto en apoyo de este colectivo y la lectura de un manifiesto este lunes en su sede en Las Palmas de Gran Canaria el 30 de marzo. Una iniciativa por la conmemoración del 30M, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Un sector marcado por la precariedad y la falta de apoyos
Casi tres décadas después de que se empezara a conmemorar esta fecha en 1988, la realidad del empleo doméstico sigue ligada a la discriminación racial y la invisibilidad, vinculada en muchos casos a personas migrantes sin protección legal ni redes de apoyo. Según los datos de 2025, las personas extranjeras representaron el 42% del total de inscritas en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar de la Seguridad Social.
Cáritas Diocesana de Canarias constata que, aunque existe interés por parte de muchas familias en contratar legalmente, los costes y la complejidad de los trámites, sin apoyo suficiente por parte de las Administraciones Públicas, continúa provocando una disminución en las contrataciones formalizadas. Esta situación aboca a muchas trabajadoras a sufrir las siguientes condiciones:
Ante este escenario, Cáritas Diocesana de Canarias, a través de su Área de Empleo, exige medidas urgentes para dignificar el sector y proteger a las trabajadoras del hogar:
En su manifiesto por el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Cáritas Diocesana de Canarias recuerda a la sociedad y a las instituciones públicas que el cuidado y la protección de estas trabajadoras es un imperativo de justicia y redunda en el cuidado de toda la sociedad: “Porque su trabajo es un derecho, no un favor”.
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